Ahora
ya está claro, no fue una buena idea, apostar por la celebración de nuevas
elecciones ha resultado ser un fiasco. Ninguna de las ventajas que esperaban
alcanzar los que jugaron desde el principio a la repetición de las mismas se ha
materializado.
Por
desgracia las pocas voces que se alzaron alertando del riesgo que tenia dar
otra oportunidad al PP quedaron sepultadas por los que quisieron leer erróneamente
que se trataba de una segunda vuelta de donde solo se podía salir mejor que de
la primera.
Algunos
no quisieron asumir las complicaciones inherentes a un resultado electoral, el
del 20-D, que obligaba a negociar entre las tres opciones que podían conformar
una clara mayoría alternativa a la del PP, esto es, PSOE, Podemos y Ciudadanos.
La
falta de disposición de Podemos a negociar con el PSOE y Ciudadanos por una
parte y la falta de consideración del PSOE hacia la necesidad de sumar a
Podemos al acuerdo, buscando únicamente su abstención, por otra, dieron al traste
con una solución que además de permitir la investidura posibilitaba una cierta
estabilidad al asentarse la misma en el
reconocimiento real de la actual correlación de fuerzas.
Pero
que la gestión tras el 20-D no haya sido la más adecuada, por parte de quienes
tenían la obligación de anteponer los intereses que decían representar a los
suyos propios como partido, no quiere decir que tenga que pagar
obligatoriamente como tributo la renuncia a formar gobierno.
Tras
el 26-J al igual que tras el 20-D corresponde al PP la iniciativa para intentar
sumar a los suyos los apoyos necesarios para alcanzar la investidura, parece
que en esta ocasión aupado por la mejora de los resultados y por la campaña
publicitaria de los medios de la derecha lo intentará, con un resultado
incierto a día de hoy. Tras dicho intento, de no prosperar, volverá a
corresponder a Pedro Sánchez intentar su investidura, salvo que renuncia a ello
como ya hiciera Mariano Rajoy tras el 20-D.
La
única opción que Pedro Sánchez y el PSOE tienen de alcanzar la investidura y
formar gobierno nuevamente es un acuerdo entre Ciudadanos, Podemos y PSOE.
Es
evidente que de nuevo los que no están interesados, por distintos motivos, ni
en la investidura de Pedro Sánchez ni en la formación de un gobierno que se
asiente en estos apoyos, pondrán palos en las ruedas, los barones más
derechistas del PSOE con Susana Díaz y Guillermo Fernández Vara a la cabeza,
los que dicen que no se fían del PSOE y temen que dentro de Podemos los
problemas internos se agudicen y quienes en Ciudadanos piensan que ellos no
están en política para esto.
Pero
a su vez, de no intentarlo todos serán copartícipes de entregar el gobierno al
PP sin contar este con la mayoría suficiente y serán responsables igualmente de
las nefastas consecuencias de otro gobierno de la derecha extrema que de forma
inmediata será requerido por la UE para practicar nuevos recortes en orden a
rebajar el déficit público.
Pero
no solo sería nefasto para los trabajadores y las clases populares, un nuevo
gobierno del PP minusvaloraría el peso de
las fuerzas democráticas y provocaría una profunda frustración que alejaría del
interés por la política a amplios sectores sociales que han buscado en estas
elecciones atención hacia sus problemas y mejoras concretas en sus condiciones
de vida, empujándolos irremediablemente hacia la extrema derecha y el fascismo.
Resultaría inconcebible que los que han venido para cambiar tantas cosas no se
han capaces de ponerse de acuerdo para cambiar algunas.
Estamos
hablando de una investidura y un futuro gobierno que contaría con un apoyo de
13,5 millones votos frente a los 7,9 millones del PP y dispondría de 188
escaños frente a los 137 de los populares, una opción claramente mayoritaria en la sociedad española que reclama
otra forma de gobernar, regeneración política y reforzamiento de la democracia.
No
son pocas las iniciativas que un gobierno de estas características podría sacar
adelante desde la defensa de los intereses generales, educación, sanidad,
justicia, atención a la dependencia y a la infancia, igualdad de género,
ciencia, protección del medio ambiente, lucha contra la pobreza y
revalorización del trabajo.
Permitir
por acción o por omisión un nuevo gobierno del PP sin mayoría, traería
aparejada una gran inestabilidad política, si el Congreso de los Diputados rechaza
parte de sus iniciativas, tratarán de gobernar por decreto-ley alegando que no
se les permite ejercer con libertad su labor de gobierno, lo que terminaría
obligando a la presentación de una moción de censura, que siempre será más
difícil de articular que la investidura, cuando no la convocatoria de
elecciones anticipadas de incierto resultado.
Andrés Hidalgo
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