martes, 21 de noviembre de 2017

El conflicto catalán y la clase trabajadora


Quienes apoyamos la presente declaración, lo hacemos desde la preocupación que nos genera ver cómo los legítimos intereses de la clase trabajadora española están siendo desplazados del debate político y cómo la declaración unilateral de independencia de Cataluña pretende romper los vínculos históricos entre la clase trabajadora catalana y la del resto del Estado.

Los problemas fundamentales de los trabajadores, relacionados con las condiciones de vida y trabajo, no tienen solución en el conflicto territorial, bien al contrario, quedan sepultados y marginados, precisamente ahora cuando necesitados revertir los recortes y recuperar los derechos colectivos, derogar la reforma laboral y hacer retroceder la desigualdad social.

El paro, la precariedad, los bajos salarios, el deterioro de los servicios públicos en el ámbito de la sanidad, la dependencia y la educación, no pueden quedar postergados tras un conflicto que sitúa como central lo que para la mayoría de los trabajadores no lo es, la independencia de Cataluña.

El nacionalismo enfrenta unos trabajadores con otros y exacerba un sentimiento de pertenencia que aleja a la clase trabajadora de sus intereses inmediatos y de las alternativas políticas necesarias para satisfacer necesidades concretas en el ámbito del trabajo, la vivienda, la pobreza, la crisis alimentaria y energética. Una vez más en la historia, constatamos que la principal aportación del nacionalismo a los trabajadores ha sido su división.

La clase trabajadora catalana y española, han conformado a lo largo del tiempo una única clase con intereses comunes, con organizaciones sindicales comunes y con partidos de izquierda organizados y articulados de mutuo acuerdo, la independencia rompería con todo ello y lejos de fortalecerla la debilitaría.

Rechazamos la declaración de independencia, en tanto en cuanto, es un instrumento de parte de la burguesía catalana para mantener sus privilegios y tapar la corrupción de su principal opción política. 

Tras el referéndum del 1-O casi 2.400 empresas han trasladado su sede desde Catalunya, es el aperitivo de la caída de la actividad económica que se produciría de manera inevitable, por la inseguridad jurídica de un escenario de ruptura unilateral con el Estado, con la salida del euro y de la Unión Europea que llevaría a que las políticas de ajuste se agudizarían como consecuencia de que serían ambos (Catalunya y resto de España) estados fallidos cuyos ingresos fiscales descenderían de manera dramática. El impacto que causaría en el mundo del trabajo la ruptura de la unidad social y fiscal del Estado sería catastrófico.

Iría en la dirección contraria a la que defienden los sindicatos europeos y la Confederación Europea de Sindicatos: fortalecimiento de la gobernanza económica reforzando los mecanismos de cohesión social y de fiscalidad común para crear el Estado del bienestar a nivel europeo e igualmente demandan una gobernanza internacional de la globalización.

La izquierda alternativa debía haber advertido de las principales consecuencias negativas de una hipotética independencia de Catalunya para las condiciones de vida y los intereses de la clase trabajadora y para la viabilidad del Estado del bienestar en España y en Catalunya (pensiones y prestaciones sociales básicas, dependencia, sanidad…). 

Lamentamos profundamente que la izquierda alternativa catalana y española no hayan sido capaces de articular un discurso autónomo y homogéneo para el conjunto de la clase trabajadora poniendo en primer lugar los intereses de esta y no permitiendo que se manipulasen los sentimientos en favor de ninguno de los  nacionalismos sean el español o el catalán, ambos hábilmente instrumentalizados por la derecha catalana y española en beneficio propio.

Nos solidarizamos con los trabajadores catalanes a quienes apoyamos en sus demandas de recuperación de los salarios y del empleo y de otros derechos sociales recortados por las políticas de ajuste (mal llamadas de austeridad) aplicadas por los gobiernos central y autonómico. 

Apostamos por que las elecciones del 21 de diciembre representen un punto de inflexión en la deriva independentista y permitan un clima de diálogo político e institucional para alcanzar acuerdos que den solución al conflicto territorial, sobre la base del autogobierno de las nacionalidades y regiones en el marco de un estado federal y solidario.

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